Para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 fijados por Kioto, Francia ha decidido seguir el modelo escandinavo poniendo precio a sus emisiones, incluidas las de sus ciudadanos. El Gobierno ultima un nuevo impuesto verde sobre el consumo energético de origen fósil que entrará en vigor en 2010 y que, según el Ejecutivo, será compensado por un mecanismo de redistribución fiscal todavía por determinar. El presidente Nicolas Sarkozy anunciará finalmente esta semana sus modalidades de aplicación, empezando por el precio fijado por cada tonelada de C02, y deberá convencer a los escépticos de la eficacia de la tasa carbono.
"Es una medida para cambiar hábitos de consumo", dice un experto
El impuesto no encarece la electricidad, casi toda de origen nuclear
El impuesto, oficialmente denominado Contribución Clima Energía pero comúnmente conocido como la tasa del carbono, se aplicará en principio al carburante, el gas y el carbón, tal y como lo recomienda la comisión francesa de expertos presidida por el ex primer ministro socialista Michel Rocard, que entregó su informe al Gobierno a finales de julio. Lo pagarán tanto los ciudadanos como las empresas en forma de impuesto indirecto, a excepción de la industria ya sometida al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsable de más del 30% de las emisiones francesas.
Según los cálculos de la comisión, que toma como referencia el año 2007, la tasa se aplicaría a unos 260 millones de toneladas de CO2 emitidas anualmente, más de la mitad de las cuales (133 millones de toneladas) corresponden a la gasolina, 64 a la vivienda, 31 a los edificios del sector terciario y 24 a la industria no sometida a las cuotas. El 51% de las emisiones tasadas corresponderían a los ciudadanos y el 40% a las empresas. De media, los expertos calculan que cada ciudadano es responsable de la emisión de entre cuatro y seis toneladas anuales.
El precio recomendado por el panel de expertos es de 32 euros por tonelada de CO
2, equivalente a unos siete céntimos el litro de gasolina sin plomo, al que se aplicaría una subida progresiva para alcanzar los 100 euros en el año 2030. Siguiendo este esquema, supondría un gasto de unos 300 euros anuales para una familia rural compuesta por una pareja con un hijo y de unos 80 euros para un soltero residente urbano, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. El Estado ingresaría entre 8.000 y 9.000 millones de euros adicionales. El objetivo es que este dinero sea luego redistribuido mediante rebajas fiscales o cheques verdes a los particulares y las empresas o bien destinado a un fondo ecológico para financiar nuevas iniciativas medioambientales.
"Se trata de una medida fiscal verde cuyo objetivo es cambiar los hábitos de consumo", explica Benoît Faraco, experto de la fundación del influyente ecologista francés Nicolas Hulot, el primero en proponer la aplicación de la tasa en Francia. "La idea es hacer aumentar progresivamente el precio de la energía para animar a cada uno a anticipar el enrarecimiento de la energía fósil y luchar contra el cambio climático", añade.
Este modelo se inscribe en la tendencia marcada por Suecia, que no esperó al Protocolo de Kioto para introducir la medida. Fue el primero en hacerlo en 1991, empezó con un precio a 27 euros la tonelada y hoy supera ya los 100 euros. Supone un ingreso de entre 2.500 millones de euros y 3.000 millones para el Estado, que redistribuye mediante rebajas fiscales. Según el Gobierno, ha contribuido en disminuir las emisiones del país en un 9% desde su puesta en marcha. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia han adoptado desde entonces un impuesto similar.
Francia quiere ser el próximo país en la lista y llegar a la conferencia sobre el clima de diciembre en Copenhague con los deberes hechos, pero la medida ha suscitado una avalancha de críticas, incluso en el seno del partido gubernamental conservador. Sus detractores temen un nuevo impuesto encubierto que penalizará a las poblaciones más humildes, sobre todo a las rurales, más dependientes del coche. Dos tercios de los franceses se han pronunciado en contra de la medida, según un sondeo de la semana pasada para la radio Europe 1, y el 73% lo considera simplemente ineficaz.
Frente al debate generado, el Ejecutivo deberá esforzase para convencer de que no se trata de "una tasa más", sino de una "transferencia fiscal" de la imposición del trabajo a la imposición de la contaminación. Ya ha anunciado que estará inscrito en la ley de presupuesto de 2010 y que será un impuesto progresivo. Pero quedan por determinar dos cuestiones claves: las modalidades de redistribución fiscal y, sobre todo, el precio de partida, que previsiblemente se situará muy por debajo de los 32 euros recomendados por la comisión de expertos.
"La paradoja es que si el Gobierno opta por fijar un precio a 14 o 15 euros la tonelada como podría ser el caso, se reforzará la sensación de que no es eficaz y de que el medio ambiente es una simple excusa para que rellenar las arcas del Estado", advierte sin embargo Jacques Le Cacheux, economista del Observatorio Francés de Coyuntura Económica y autor de varios estudios sobre CO
2. Algunos ecologistas temen también que la tasa, que en principio no se aplicará a la electricidad dado que en Francia proviene en un 75% de la energía nuclear, suponga precisamente un regalo a la industria del átomo.
